PERIODISMO EN LA MIRA

Ocurrió hace mucho tiempo. El país se llamaba Chile, igual que el nuestro, pero era distinto. Muy distinto y por tanto mucho más “vivible”, Aunque estaba a punto de vivir la peor tragedia de su historia, nos teníamos respeto. Los poderes públicos, incluido el cuarto poder, eran respetados, más allá de cualquier crítica por profunda que fuera.

Lo comprobé de cerca durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, cuando era comandante en Jefe del Ejército el general Carlos Prats. Un día llamó él mismo a la revista Ercilla, pidiendo hablar con el director, Emilio Filippi. En su ausencia, como subdirector, me correspondió atender el llamado. Le informé que Filippi estaba de viaje y le pregunté qué necesitaba. Me lo explicó de manera contundente: Me voy a querellar contra la revista y contra el director, pero voy a esperar su regreso. 

El motivo era un reportaje en que se daba cuenta de una incómoda situación vivida durante una reunión celebrada en la Escuela Militar. “Toses y carraspeos” era su título debido a que, sin poder pronunciarse, parte del público uniformado trataba de manifestar de esa forma su disgusto por la política oficial.

Cuando regresó Filippi, fue notificado de la querella y debió concurrir a un tribunal, civil por supuesto.

Después del 11 de septiembre de 1973, numerosos periodistas, entre los cuales me incluyo, fuimos sometidos a la justicia militar por delitos varios. Uno que me parece especialmente absurdo, fue la acusación por “sedición impropia” que enfrentamos Genaro Arriagada, Alejandro Guillier y yo. Aunque no exclusivamente, es un delito contra la autoridad militar, cometido “propiamente” por militares.

Nunca, por supuesto, fuimos tratados con la deferencia que usó el general Prats. En poco tiempo, se había producido un cambio profundo en la relación del Ejército y los periodistas.  

Todo hacía suponer que, tras el final de la dictadura habría cambios positivos. Nadie esperaba demostraciones de cariño o de incondicionalidad. Lo que siempre se espera es respeto y comprensión mutua. Las instituciones del Estado -gobierno y fuerzas armadas- deben entender y colaborar con la vital tarea de los medios y de los periodistas. Es la más sólida base de la democracia. No es un privilegio de los periodistas, es una necesidad de la sociedad en su conjunto.

Desafortunadamente, si en algo avanzamos, ahora la situación se ha revertido. Hay señales que preocupan.

Un factor gravitante es que, en la medida que altos mandos y sus subordinados han incurrido en actos condenables, la reacción ha sido de culpar a los periodistas. No son solo hechos individuales. Se han usado organismos de inteligencia para investigar y hostigar a periodistas. Incluso se ha engañado al Poder Judicial.

Nada de eso se reconoce institucionalmente. Por el contrario, en vez de asumir responsabilidades, se reitera de los dientes para afuera algo que no existe: el supuesto respeto de la libertad de expresión.  

En una carta enviada a La Tercera, el secretario general del Ejército, el general de Brigada Sergio Gutiérrez, señaló que la institución “entiende, valora y respeta no solo el derecho, sino el deber que tienen los periodistas y medios de comunicación en un Estado democrático a investigar e informar, como también que el ejercicio de la libertad de expresión no debe ser coaccionado, por lo cual, la institución mantiene una relación permanente con todos los medios de comunicación y sus periodistas, cuidando siempre el respeto de las libertades de información y expresión y dando acceso transparente a sus actividades”.

Hermosa declaración, pero que no se condice con la realidad de los últimos años. Menos cuando se insiste en que «la manera en que se denosta al Ejército y sus integrantes no demuestra otra cosa que el ánimo de deslegitimarlo y degradarlo, aprovechando la facilidad que le otorga para ello un medio de comunicación, reflejando además ignorancia del quehacer institucional y del sustantivo aporte que diariamente llevan a cabo miles de militares en aras del desarrollo nacional”.

El revuelo más reciente lo produjo la emisión en La Red de un episodio de “Políticamente Incorrecto”. Como toda caricatura -y en Chile, hay ejemplos desde O’Higgins- puede ser hiriente o, por lo menos, incómoda. Pero es parte, o debería serlo, del sistema. (Por cierto, el mejor ejemplo sigue siendo la desaparecida revista Topaze)

En esta coyuntura, el ministro de Defensa sostuvo que “no es aceptable recurrir a la parodia política para enlodar instituciones y personas que prestan un servicio imprescindible a nuestra patria y a todos sus ciudadanos, incluyendo a quienes los denostan tan livianamente”. También se sumaron la Armada y la FACH.

¿Habrá un pronunciamiento del propio gobierno sobre este episodio y el resto de las graves denuncias dadas a conocer previamente?

Lo merecemos, aunque estemos en cuarentena y en período preelectoral.

Abraham Santibáñez

Premio Nacional de Periodismo

19 de abril de 2021